La Legislatura aprobó importantes medidas para el desarrollo provincial y por una Rioja más inclusiva

La Cámara de Diputados y Diputadas declaró el estado de emergencia a la prestación del servicio de distribución eléctrica de la provincia. Garantizó a personas con discapacidad el derecho a acceder y permanecer en lugares públicos con un perro de asistencia; expropió inmuebles en Patquia para crear polo turístico, económico y cultural, dando respuesta a una demanda de la comunidas. La defensa de la educación y de las universidades públicas se declaró de interés provincial.

Se realizó la 15° Sesión Ordinaria del 139° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera. Tras el izamiento de las Banderas, a cargo de los diputados Juan Elías, Gustavo Galván y Nicolás Díaz, el Cuerpo inició el tratamiento parlamentario.

El presidente del Bloque Justicialista, Carlos Machicote, solicitó la alteración del Orden del Día para iniciar el debate de los Despachos de Comisión y luego continuar con Asuntos Entrados.

Con acuerdo de los legisladores, se trató en primera instancia el proyecto de ley que declara el estado de emergencia a la prestación del servicio de distribución eléctrica de la provincia. Éste se aprobó por unanimidad.

Al respecto, el diputado y miembro informante, Oscar Chamia, señaló que este Gobierno protege a los usuarios de los fuertes aumentos en el servicio de energía.

“Esta ley de emergencias le da facultades y herramientas al Poder Ejecutivo para tomar las medidas pertinentes y necesarias para enfrentar esta situación. Cabe destacar que el Gobernador ya tomó ciertas acciones para salvaguardar la situación social que vive la provincia con respecto a las tarifas y la generación de energía. La prioridad de este Gobierno presente es no trasladar a los usuarios los aumentos que se aplican”.

Por su parte, el presidente del Bloque Justicialista, Carlos Machicote, remarcó que “ningún usuario renunció al beneficio de estar subsidiados; esta emergencia permitirá avanzar en ciertas obras para que los riojanos reciban un servicio de calidad”.

Luego, los diputados aprobaron por mayoría, la modificación de la Ley N° 8872 de creación del Instituto Regional de Planificación, Control y Servicio Ambiental; y la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia de dos inmuebles de la localidad de Patquia.

La diputada, Lourdes Ortiz, como miembro informante del primer dictamen indicó que “el objetivo es extender el campo de acción del instituto, incorporar y expandir los servicios dentro de las disposiciones legales vigentes con la colaboración del sector público y privado”. En este sentido, remarcó que “no se crea ninguna nueva estructura sino más funciones, teniendo en cuenta que el sector privado en ocasiones recurre al instituto”.

En cuanto a la expropiación de inmuebles, el diputado Fernando Delgado, como miembro informante, manifestó que “la idea es recuperar las tierras para llevar adelante políticas turísticas, económicas y culturales. Hace 21 años que se otorgaron a un privado con el compromiso de crear un polo turístico y hasta la fecha no se realizó. Autoridades y vecinos del Departamento, solicitaron recuperar esas tierras que poseen agua dulce, salada y termales, y permitiría palear la situación hídrica a los vecinos de la comunidad”.

Al respecto, el vicepresidente primero Claudio Ruiz agregó: “escuche al intendente de Independencia y es imperioso recuperar la tierra por el agua”.

Finalmente, por unanimidad, se aprobó el proyecto que garantiza a personas con discapacidad el derecho a acceder y permanecer en lugares públicos con un perro de asistencia, si así lo requieran.

“Además de poner en valor el servicio que brindan los perros de asistencia, con este proyecto otorgamos más derechos a la persona que necesitan este acompañamiento”, sostuvo el diputado Juan Carlos Santander.

Declaración y repudio

Todos los bloques de la Cámara declararon de interés provincial la defensa de la educación y de las universidades públicas.

Asimismo, declararon su más enérgico repudio ante el desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional a los fondos para la aplicación de la Ley 26815 de Manejo del Fuego.

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