Resumen
Se instituye un Régimen de Retiro Voluntario destinado al personal dependiente de la administración pública provincial (centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, entre otros), excluyendo a sectores críticos como docentes, personal de seguridad y servicios asistenciales de salud. La norma establece una escala de gratificaciones extraordinarias basadas en la antigüedad y remuneración, fija un plazo de presentación, determina incompatibilidades para el reingreso laboral en el Estado por cinco años y garantiza la continuidad provisoria de la cobertura de obra social. Asimismo, se vincula con la autorización de un crédito para financiar el programa de reforma administrativa del Estado y el uso estricto de los fondos y ahorros generados.