Resumen
En síntesis, la Ley N.º 10.312 fortaleció los mecanismos de selección de magistrados y funcionarios judiciales, incorporando la formación en perspectiva de género como requisito obligatorio, con el propósito de promover una administración de justicia más inclusiva, igualitaria y acorde con los estándares actuales en materia de derechos humanos y equidad de género.