Resumen
La Ley 10.112 ratifica un convenio celebrado entre la Función Ejecutiva Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El acuerdo establece que la liquidación de los haberes del Fiscal de Estado y del Asesor General de Gobierno será realizada por la Función Judicial, debido a su equiparación con los miembros del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a derechos, remuneraciones, aportes y régimen previsional.
Asimismo, dispone la transferencia de las partidas presupuestarias necesarias desde la Función Ejecutiva hacia el sistema administrativo financiero de la Función Judicial para garantizar el pago de dichos cargos.
En síntesis, la norma formaliza la gestión centralizada en la Función Judicial del pago de estos funcionarios y ordena la reasignación presupuestaria correspondiente.